El artí­culo 82 de la Constitución dice que:

«Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.»

Ahora bien, ¿realmente tenemos "derecho" a una vivienda? Un derecho es aquello que podemos hacer sin pedir permiso a nadie, algo que por nuestra propia naturaleza está inextricablemente ligado a nosotros y sin lo cual dejaríamos de ser seres humanos. Por ejemplo, cada persona tiene el derecho a defender su vida y su propiedad, ya que por definición cada persona es dueña de sí misma y de su vida. Si yo no soy dueño de mí mismo, se sigue que alguien más lo es, con lo cual no soy más que un esclavo. De manera que si soy dueño de mí mismo, entonces debo estar en capacidad de defenderme de cualquier agresión que ponga en peligro mi existencia. Si mi derecho a la vida depende de que alguien esté dispuesto a salvarme (léase la policía), entonces tal derecho deja de tener efectvidad alguna y se convierte en letra muerta, como en efecto sucede diariamente en los barrios de Caracas y otras ciudades de Venezuela.

El supuesto derecho a la viivienda que consagra la Constitución es esencialmente diferente, ya que implica la imposición de responsabilidades a personas ajenas a mí­. Por ejemplo, yo puedo exigir que se respete mi vida y defenderla a capa y espada, sin tener que obligar a otra persona a que me ayude, porque de hacerlo, estaría violando el derecho de esa persona de vivir libre de coerción. Pero si no tengo casa, ¿cómo hago para hacer valer mi derecho a poseer una? Siendo que la «satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado...» se concluye que tengo que recurrir al Estado para que me proporcione una casa. ¿Y de dónde saca las casas el Estado? Para cumplir con su promesa de vivienda para todos, el Estado tiene que hacer que otros paguen lo que yo no puedo pagar. Recuérdese que los ingresos fiscales por concepto de renta petrolera sólo alcanzan para pagar la mitad de todos los gastos del gobierno. La otra mitad tiene que ser expropiada violentamente a lo ciudadanos productivos, a través de impuestos. De manera que al pedirle al Estado que cumpla su promesa de darme casa, básicamente lo que le estoy pidiendo es que robe por mí.

El mismo argumento es válido para el resto de los mal llamados "derechos sociales", supuestos derechos que no pueden hacerse valer, a menos que forcemos a otros a pagar la cuenta, por lo cual no son derechos, sino más bien privilegios otorgados por el Estado repartidor de riqueza.

Si aceptáramos la existencia de tales derechos, estaríamos aceptando el concepto de que por alguna razón -usualmente porque la myoría piensa que debería ser así- tenemos el derecho a disfrutar el producto del trabajo de otros, es decir, a convertirlos en esclavos.

Un atraco es un atraco, aunque sea perpetrado por la sacrosanta "mayoría".

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