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Larry Nieves

Una visión distinta sobre el 11 de abril














Larry Alexánder Nieves C.




















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Un breve paseo para la blogósfera venezolana en busca de opiniones y puntos de vista respecto a los sucesos del 11 de abril de 2002, revela un poco la diversidad de interpretaciones que por allí rodando. ¿hubo o no hubo golpe de estado?. El golpe, que sí lo hubo, fue generado por los que perdieron privilegios en PDVSA. Para algunos fue una demostración de decencia lo que detonó la salida de Chávez de Miraflores. Para otros, el golpe lo dío Lucas Rincón al anunciar que Chávez había renunciado, aquella madrugada del 12. Para algunos la única certeza es la cantidad de dudas sin responder.

Para un libertario, acostumbrado a ver y analizar los sucesos desde la óptica individualista, las cosas lucen completamente diferentes. Yo fui testigo lejano de los sucesos que desencadenaron la salida efímera de Chávez aquel fin de semana, ya hace tres años. Desde Mérida contemplé la masacre en la Avenida Baralt, me trasnoché y ví a Rincón anunciando la renuncia del presidente, observé a Carmona barrer de un sólo golpe todas las "instituciones" y vi el regreso de Chávez a Miraflores.

Aún después de tres años, todo el asunto es un misterio para mí. ¿Quién está detrás de la muerte de decenas de venezolanos que esa tarde del 11 de abril se dirigían hacia Miraflores. Para el Chavecista, los generales confabulados organizaron todo. Para el opsitor, fue la mano criminal de Chávez. Cada quien tiene sus argumentos y contra-argumentos, algunos más válidos que otros. Aquí prefiero hablar de otra cosa.

La pregunta importante que debe uno hacerse es: ¿quién tiene en Venezuela el monopolio de la acusación criminal? Si una persona es asaltada en la calle por un criminal, la víctima debe acudir a un organismo llamado Ministerio Público para que un fiscal acuse en un tribunal al agresor, luego de haber conducido la investigación correspondiente. El Fiscal General, cabeza visible del ministerio público, es designado por la Asamblea Nacional y, en consecuencia, es un animal político más que jurídico (como debería ser), ya que para acceder a su puesto, el candidato a Fiscal General tiene que ganarse el visto bueno y las simpatías de un montón de vagos que pululan en Capitolio, eufemísticamente llamados diputados o representantes del pueblo. Como resultado de este arreglo de naturaleza enteramente política, el Fiscal General responde a los designios de la mayoría que las circunstancias hayan puesto en la AN. El Fiscal no le responde al "pueblo", a quien supuestamente debe garantizar sus derechos en los procesos judiciales, el Fiscal en cambio responde al partido que lo haya puesto en su cargo.

Adicionalmente el Ministerio Público es un organismo que recibe su financiamiento directamente del ejecutivo, a través del acto confiscatorio de los impuestos. El Fiscal hace un presupuesto y el gobierno le da el dinero que este necesita para funcionar. En este sentido, la Fiscalía tampoco responde a los deseos y necesidades de sus clientes o usuarios, ya que estos últimos están obligados a acudir a ella bajo cualquier circunstancia. Es natural entonces que el Ministerio Público tienda a complacer más a la mano que lo alimenta, que al pendejo que va a pedir ayuda.

Para rematar la receta, el Fiscal Actual es ínitmo amigo del presidente y desempeñó varios cargos de alto nivel en las primeras etapas del gobierno.

¿Qué tiene que ver todo esto con el 11 de abril de 2002?

El punto es muy sencillo, los familiares de las víctimas de la masacre en las cercanías de Miraflores no pueden esperar racionalmente, que la invistigación del suceso en el que sus seres queridos fallecieron fuese llevada a cabo con coherencia, cuando el órgano encargado de la investigación es dirigido por un animal político, que responde a sus lealtades políticas y es mantenido financieramente por el mismísimo ente al que las víctimas acusan de ser el perpetrador del crimen: El Estado. No es sorpresa entonces, al menos para mí, que tres años después del suceso, todavía no sabemos quiénes eran los francotiradores, quién los colocó en sus estratégicas posiciones, cómo llegaron a ellas y cuál era su verdadero objetivio. ¿Fueron colocados por los generales que más tarde se rebelarían, aduciendo como razón de su levantamiento las mismas muertes que ellos causaron? o ¿Fueron colocados allí por el mismo gobierno, cuya guardia de honor supuestamente debe tener el control de los edificios adyacentes a Miraflores, con el objetivo de causar las muertes que desatarían una rebelión condenada a fracasar, puesto que los rebeldes no controlaban significativas unidades millitares?

Podemos especular tanto como queramos y no llegaremos a ninguna conclusión sensata.

Lo peor del asunto es que si algún día los responsables de las trágicas muertes del 11 de abril fuesen llevados ante un tribunal, ¡sería un tribunal del Estado!

A lo que quiero llamar la atención es que la tan albada "separación de los poderes" es una ficción, puesto que los poderes que en teoría deben contrarrestarse entre sí, son en realidad ramas del mismo árbol, el Estado. No se puede esperar que ellas fallen contra sí mismas.

Suponiendo que la versión oficial es la correcta y que los responsables son los generales en rebelión, o una parte de ellos, las implicaciones de tres años sin respuestas son aún peores, puesto que ponen en evidencia una cantidad de ineptitud y desidia difíciles de igualar. Si el gobierno fue víctima de un complot, ¿cómo es posible que los detalles más importantes no se conozcan aún? Y para mí los detalles más importante se refieren a quién mató y quién mandó a matar a manifestantes de lado y lado. Sin esas lamentables muertes la historia hubiese sido otra.

Mientras tanto, la Fiscalía se entretiene persiguiendo a los firmantes del patético decreto de Carmona, una acción meramente política. ¿Causa alguna extrañeza que la única causa que pareciera tener algún tipo de ímpetu es la relacionda con el hecho político? Por supuesto que no, si se recuerda que el ministerio público es un ente completamente político tanto en su origen, como en su accionar.

¿Cómo solucionamos ese problema? Para el que no va más allá, la solución pasa por cambar una ley aquí y allá, o por sustituir a las cabezas de los organismos involucrados (policía "científica", ministerio público, tribunales, Asamblea Nacional, poder ejecuivo) por personas más idóneas, honestas e imparciales. Bueno, en mi opinión eso no soluciona nada, porque seguiremos teniendo el problema de en las disputas de los individuos con el Estado, el individuo depende del Estado en todo el proceso. En pocas palabras, seguiremos sin un juez imparcial.

La solución entonces pasa por atacar la raiz del problema: el monopolio de la justicia. Se debe despojar al Ministerio Público del monopolio de la acusación criminal. De esta manera se crearía un mercado de servicios de investigación criminal y de la persecución de los agresores. Estos servicios estarían presumiblemente asociados o relacionados de alguna forma con los seguros. En todo el proceso las compañías estarían obligadas por las fuerzas del mercado, la competencia, a servir a sus clientes en la forma que estos deseen, pues en el mercado el fracaso es penado con la quiebra y ningún empresario quiere sufrir ese destino. Los usuarios tendrían la libertad de seleccionar la compañía que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades y, desde luego, de dejar cualquier compañía que actualmente los represente. Comparen este mecanismo, con el mecanismo político democrático en el cual al menos la mitad de los clientes (y quizás muchos más, ya que el ministerio público no es un cargo de elección popular) siempre van a estar descontentos con el servicio y no tienen ninguna otra opción que esperar hasta la próxima elección y ligar que una mayoría de sus conciudadanos piesen igual que ellos para proceder a cambiar al funcionario ineficiente, quien mientras tanto, puede ignorar a discreción las quejas de sus patrones nominales, el pueblo.

Ahí se los dejo, para que lo piensen.
















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