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![]() Larry Nieves La lección del caso Walter Martínez |
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Aunque ha quedado ominosamente en el olvido, el caso del periodista Walter Martínez, hasta hace poco conductor del programa
Dossier, tiene una lección profunda que enseñarnos: sin propiedad privada no hay libertad de expresión. Hagamos primero un resumen de los hechos, para luego sustentar esta
radical afirmación. El periodista, en un arranque de sinceridad
inesperada denuncia que no lo dejaron ir a la ONU a cubrir los eventos
de la Asamblea General de la caricatura de Gobierno Mundial y que está
cansado, junto con otras personas, de los chavecistas que usan su
posición para robar los dinero públicos. Tal despliegue de claridad le
valió la salida del aire de su famoso programa. Luego, el mismo
presidente lo manda a callar (a él y a todos los que se atrevieran a
hablar sin saber lo que el presidente sabe) y el famoso periodista
aparentemente acata la orden de su comandante, no sin antes aclarar que
intentará mostrarle las pruebas de su denuncia. Digamos
que la blogósfera venezolana ha reaccionado ante tal evento de la
manera que uno podría esperar de quienes hacen uso de su libertad de expresión, con los matices inevitables claro
está. Incluso hay una figurita, un banner,
circulando para afirmar nuestra adherencia a tal principio. Todo eso
está muy bien. Pero hasta ahora no he leído a nadie afirmando lo que
acá afirmamos, y que en mi opinión es el punto fundamental de la
discusión: sin propiedad privada no puede haber libertad de expresión. Veamos
el por qué de tan radical afirmación. Para la realización de cualquier
actividad es necesario que la persona tenga control sobre determinados recursos escasos.
Para empezar, para que usted ejerza su libertad de expresión, usted
debe ser capaz de ocupar un lugar en el espacio, un terreno o
instalación. Además de eso, usted necesita un medio a través
del cual transmitir su mensaje -una imprenta, una red de computadoras o
las ondas hertzianas. Finalmente, es necesario que los potenciales
receptores del mensaje que usted quiere comunicar tengan acceso y
controlen los medios tecnológicos apropiados para, precisamente,
recibir adecuadamente dicho mensaje. Todos estos recursos son finitos;
es un hecho de la naturaleza, por ejemplo, que dos personas no pueden
ocupar el mismo espacio al mismo tiempo o que el papel que es usado
para imprimir El Universal no puede ser usado para imprimir el Diario
Vea. Entonces, quien controla los recursos tiene el poder de decidir
qué se transmite y que no a través de ellos o con su ayuda. Elemental,
¿no? Una vez que esta idea es comprendida a cabalidad, se puede
ver más claramente que sólo en un marco en el cual la propiedad privada
es reconocida y protegida debidamente, la libertad de expresión puede
florecer. En dicho ambiente, cada propietario fija su línea editorial o
política informativa y contrata en el mercado laboral a quienes piense
que pueden realizar de la mejor manera posible la labor de desarrollar
y promocionar dicha línea editorial. Obviamente, pocos dueños de medios
tolerarán a periodistas que contravengan la línea editorial. Eso es
claro y normal, además. Después de todo, usted no le paga a su vecino
para que vaya a su propia casa (la de usted) a hablar mal de su familia
(la de usted, nuevamente). El concepto de propiedad es excluyente, lo
que es mío no es suyo y cualquier definición de propiedad sobre un
determinado recurso debe incluir el poder de controlar dicho
recurso. Nada de qué preocuparse, sin embargo. En un mercado
completamente libre en los medios, presumiblemente existirían tantas
líneas editoriales como sea exigido por los consumidores, de manera que
se satisfagan los distintos gustos y necesidades, desde la persona que
sólo quiere superficialidades, hasta el que quiere el análisis más
sesudo. El expulsado Walter Martínez podría conseguir trabajo
rápidamente en otro canal que capture la oportunidad de ofrecer sus
servicios como analista internacional o denunciante de oficio de boínas
rojas descarriadas, siempre y cuando el empresario considere que el
público demandas la presencia del experto, como parece ser de acuerdo a
las varias protestas públicas que se han hecho demandando el retorno
del comentarista a la programación regular de VTV. El emprendedor que
juzgue correctamente las necesidades del público verá su televidencia
aumentar, y en consecuencia sus ganancias por publicidad (o por
subscripción, en el caso de canales pagos); mientras que el emprendedor
que falle en apreciar las necesidades del público experimentará el
efecto contrario y generará, por tanto, pérdidas que, de ser
sostenidas, lo podrían llevar a la quiebra. De manera que el
emprededor, si bien es soberano para tomar sus decisiones, también es
responsable por ellas y lleva en sus hombros los costos de sus errores. Contraste
la situación antes esbozada con la situación actual de medios estatales
por un lado y cuasi-privados por el otro. Digo 'cuasi-privados' porque
los canales comerciales disfrutan de ciertas prebendas
otorgadas por el estado -principalmente protección de la entrada de
nuevos competidores- a cambio de tener que cumplir con las regulaciones
que el gobierno crea pertinentes en cuanto a programación y otros
aspectos de su funcionamiento. El señor Martínez trabajaba para el
canal Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos (al menos así decía el eslógan alguna vez).
Siendo de todos los venezolanos, uno esperaría que las decisiones respecto a lo que allí se transmite reflejen las
preferencias de todos
los venezolanos. Pero eso es imposible, puesto que para lograr tal cosa
sería necesario consultar a cada venezolano sobre todas las decisiones
respecto a la programación, y no sólo eso, sino que todos los
venezolanos tendrían que estar de acuerdo. Y aun en el caso en que se
hiciera un referéndum para decidir si Walter Martínez debe continuar
con su Dossier, los que votaran en contra
de la decisión mayoritaria quedarían insatisfechos, aunque tendrían que
seguir pagando parte del sueldo del Sr. Martínez. Cuando Walter
Martínez dijo lo que dijo y metió el dedo en la roncha de algún
poderoso, se decidió en las cúpulas del gobierno que su programa debía
cesar inmediatamente, a pesar de existir sectores que quisieran la
continuación del mismo. Pero cualquier decisión que tome el gobierno al
respecto es completamente arbitraria, puesto que
inevitablemente creará conflicto entre complacidos e ignorados, ambos
con un derecho legítimo a ser escuchados, puesto que pase lo que pase
todos están obligados a pagar los impuestos que sirven para financiar el funcionamiento de la televisora
estatal. Sólo
el marco de un sistema que reconozca y defienda los derechos de
propiedad, es decir, sólo en un régimen liberal libertario, es posible
la existencia irrestricta de la libertad de expresión. Por tanto, una
defensa de esta última, sin ser acompañada de una defensa irreductible
e intransigente de la propiedad privada es futil e inefectiva. Libertad
de expresión sin propiedad privada requeriría de gobernantes con
cualidades angelicales, una especie que no creo que sea fácil encontrar. Esa es la lección de todo este asunto. Otras reseñas sobre el caso Walter Martínes: Sobre la privatización de las ondas hertzianas: |
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